BI SmartLink: La app que convierte tu celular en una pulsera electrónica: impacto en inmigrantes

En los últimos años, la aplicación BI SmartLink ha tomado un rol central en las estrategias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para supervisar a inmigrantes en procesos legales. Esta tecnología ha reemplazado en muchos casos a las tradicionales tobilleras electrónicas, usando el teléfono móvil del usuario para rastrear su ubicación y verificar su identidad mediante reconocimiento facial.

BI Incorporated, una empresa que forma parte del grupo GEO, desarrolló la aplicación, y desde que la implementó en 2018, ha monitoreado a cientos de miles de personas. Aunque el gobierno destaca su eficiencia y menor costo comparado con la detención física, la app ha generado inquietudes sobre el impacto emocional y social en quienes deben utilizarla, pues implica una vigilancia constante y estricta.

Cómo funciona BI SmartLink y sus repercusiones en la comunidad inmigrante

BI SmartLink convierte el teléfono inteligente en un dispositivo que debe estar activo en todo momento. La aplicación exige a los usuarios enviar fotografías en ciertos horarios para validar su identidad y también realiza chequeos mediante geolocalización para asegurarse de que las personas se mantengan dentro de zonas autorizadas. En algunos casos, las personas deben responder llamadas de video para demostrar que están cumpliendo con las condiciones impuestas.

Desde el inicio del programa, más de 779.000 inmigrantes han sido supervisados con esta herramienta. Aunque el costo diario para el gobierno es considerablemente más bajo que el de mantener a una persona en detención física, las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes denuncian que la app genera una forma de “detención digital”. Esta vigilancia constante provoca estrés, ansiedad y un sentimiento de estar permanentemente controlado, afectando la calidad de vida de muchos usuarios.

Asimismo, se han reportado fallos técnicos que dificultan el uso de la aplicación, poniendo en riesgo la situación legal de quienes dependen de ella para continuar sus procesos migratorios. Activistas piden que se revise esta tecnología para garantizar que no se vulneren los derechos fundamentales de la comunidad inmigrante y que se priorice su bienestar más allá de los aspectos económicos.