El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que la residencia permanente puede anularse por errores administrativos, aunque sus titulares lleven viviendo muchos años en el país.
La nueva postura tomada por la Administración Trump afecta directamente a miles de inmigrantes que viven legalmente en EE.UU. hace décadas. Por eso, es fuertemente cuestionada por diversas organizaciones. Foto: Ilustración.
El gobierno de Donald Trump ha defendido una postura legal muy específica ante la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito. Esta posición parece perjudicar y debilitar la seguridad de millones de inmigrantes en el país norteamericano.
Esto se debe a que los representantes del Departamento de Justicia (DOJ, siglas en inglés) señalaron que el fiscal general tiene autoridad para cancelar una residencia permanente sin importar el tiempo que haya transcurrido desde su entrada en vigencia.
Lindsay Murphy, abogada del DOJ sostuvo esta posición en la revisión del caso del inmigrante palestino Mohammed Qatanani, quien vive en Nueva Jersey desde hace casi 20 años y cuya residencia ha sido cuestionada.
La argumentación del gobierno es que incluso los errores administrativos pequeños podrían justificar la revocación del estatus migratorio.
Los cuestionamientos ante la residencia de este inmigrante se basan en supuestas omisiones como la falta de u número asignado de visa o la ausencia de actualizaciones biométricas.
Según las interpretaciones jurídicas de DOJ, estos detalles podrían hacer que el gobierno reconsidere el estatus migratorio por tratarse de circunstancias excepcionales.
Esta idea modifica la interpretación tradicional de la Green Card que permitía ver al documento como uno seguro y permanente. El peligro reside en que de permitirse podría abrir las puertas para que las autoridades migratorias ejecuten revocaciones masivas.
La decisión recae en la Corte de Apelaciones e impactará en Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware.
Sin embargo, existe un gran riesgo de que otros tribunales la tomen como modelo de ser positiva, lo que pondría en aprietos a muchos inmigrantes.
Esta situación podría llegar hasta la Corte Suprema, donde se definiría un precedente para todo Estados Unidos.
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