Ahora, escuelas e iglesias ya no estarán protegidas contra las redadas de deportación a inmigrantes en Estados Unidos.
La demanda contra la eliminación de espacios protegidos fue impulsada por iglesias de diferentes credos, entre ellos comunidades judías y evangélicas. Foto: Ilustración.
Una jueza federal eliminó las restricciones que impedían a los agentes realizar operativos migratorios en espacios antes considerados protegidos como iglesias o escuelas.
Desde el pasado 13 de abril, las que eran conocidas como zonas sensibles dejaron de existir en Estados Unidos.
Esto ocurrió porque una jueza federal autorizó el ingreso de agentes de inmigración y otras agencias federales a espacios tradicionalmente considerados protegidos, como iglesias y escuelas.
Así, ahora podrán realizar arrestos, ejecutar órdenes de deportación o detener a personas con cargos penales que se oculten en estos lugares.
Esta resolución elimina la barrera legal que por años protegió a los recintos religiosos y educativos.
Organizaciones religiosas de Estados Unidos han manifestado su preocupación. Norma Pimentel, representante de Caridades Católicas del Valle del Río Grande, declaró que estas acciones vulneran espacios sagrados y generan temor entre comunidades vulnerables.
Espero que las personas que están tomando estas medidas recapaciten, dijo. Esta postura refleja el sentir de muchas congregaciones que han ofrecido apoyo y refugio a inmigrantes en situación irregular durante años.
La eliminación de las zonas sensibles es consecuencia de una demanda fallida presentada por una coalición de 28 iglesias (evangélicas, cristianas, judías y episcopales) que buscaban preservar estos espacios como libres de intervención federal.
El concepto de zonas sensibles fue implementado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés) para limitar las detenciones en espacios donde se desarrollan actividades de respeto, como centros religiosos, hospitales y escuelas.
La intención era evitar impactos negativos o traumas en la población. Su eliminación marca un giro en las prácticas de aplicación de la ley migratoria en Estados Unidos.