Texas detuvo a cientos de inmigrantes en espacios públicos en solo seis días
Operativos masivos en Texas han generado tensión en comunidades migrantes y cuestionamientos sobre el respeto a sus derechos.
Agentes del Servicio de Inmigración detienen a un grupo de personas en un parque público de Dallas durante redadas recientes. | Foto: Ilustración
Entre el 11 y el 17 de mayo de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) llevó a cabo redadas masivas en diferentes ciudades de Texas, incluyendo San Antonio, Houston y Dallas. Estas operaciones se concentraron en espacios públicos como parques, calles y plazas, donde arrestaron a cientos de inmigrantes indocumentados.
El operativo contó con el apoyo de agencias estatales y locales, y se enfocó en localizar y detener a personas que incumplen las leyes migratorias estadounidenses.
Estas acciones forman parte de la estrategia del gobierno federal para reforzar la seguridad pública y controlar la inmigración irregular. Sin embargo, las detenciones masivas en áreas públicas han generado preocupación entre defensores de los derechos humanos, quienes alertan sobre el impacto que estas redadas tienen en la confianza de las comunidades migrantes y en su acceso a servicios esenciales.
Redadas en espacios públicos y sus repercusiones
Durante el operativo de seis días, ICE arrestó a más de 275 personas en Texas, muchas de ellas en espacios concurridos y sin órdenes judiciales claras, según denunciaron organizaciones civiles. La mayoría de los detenidos tenían antecedentes penales por delitos graves, incluyendo violencia doméstica y tráfico de drogas. No obstante, también se registraron arrestos de personas sin historial criminal, lo que aumentó la controversia alrededor de estas acciones.
Las autoridades defienden que estas redadas buscan proteger a la comunidad al retirar a individuos que representan un riesgo. Sin embargo, las tácticas empleadas han sido criticadas por la falta de transparencia y por crear un clima de miedo en los migrantes, quienes podrían evitar acudir a servicios médicos o educativos por temor a ser detenidos. Líderes comunitarios solicitan una revisión profunda de estas políticas para equilibrar la aplicación de la ley con la protección de derechos fundamentales.
